El ministro de Hacienda, Quiroz, anunció que esta semana se darán a conocer los nombres de la comisión que revisará el Estatuto Administrativo, el cuerpo normativo que regula el empleo público en Chile y que data de la dictadura. La comisión será transversal y estará dirigida por un economista independiente.
Los números que justifican la urgencia son difíciles de ignorar. Según el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber —uno de los redactores del proyecto que intentó reformar el empleo público durante el segundo gobierno de Piñera—, el gasto fiscal creció un 3,5% promedio real anual en los últimos 10 años. El empleo público del Gobierno Central se expandió más de un 50% en la última década y casi un 100% en los últimos 15 años. El empleo privado, en el mismo período, creció apenas un 13%.
El resultado: más burocracia, más nómina, mismas listas de espera.
Pero el diagnóstico de Weber va más lejos. «Tenemos una Ley del Estatuto Administrativo que se viola regularmente», dijo en entrevista con Pulso. Las huelgas en el sector público son ilegales y, sin embargo, según Weber, «año tras año distintos servicios públicos paralizan sus funciones y el regulador hace caso omiso». La norma exige que el 80% del empleo sea de planta; en la práctica, menos de un tercio lo es. El resto opera bajo contratas u honorarios, modalidades que todos los gobiernos —«sin excepción», precisa Weber— usaron para incorporar personal de confianza.
A eso se suma el escándalo que encendió la mecha: la Contraloría detectó que 25 mil funcionarios salieron del país usando licencias médicas falsas. Ese dato, más que cualquier argumento técnico, instaló el malestar ciudadano que hoy le da oxígeno político al proceso.
Weber reconoce que una reforma estructural es difícil: afectar las condiciones de más de 535.000 personas del gobierno central —más de 800.000 si se suman los municipios— es políticamente inviable en el corto plazo. Su apuesta es pragmática: cambiar las reglas para quienes ingresen de aquí en adelante. «Ya sería un avance si, incluso, se hacen cambios quirúrgicos al Estatuto Administrativo», afirmó.
Sobre la resistencia de la Anef y otros gremios, Weber considera que el malestar ciudadano acumulado los tiene «más permeables» a aceptar ajustes que en ciclos anteriores.
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Aquí está el nudo que el relato oficial prefiere no nombrar: el aparato estatal chileno duplicó su tamaño en 15 años sin que los ciudadanos vieran mejoras proporcionales en los servicios que financian con sus impuestos. Eso no es un problema de gestión menor; es la consecuencia directa de un sistema diseñado para proteger al funcionario, no al contribuyente.
La comisión que viene es una oportunidad real, pero también una trampa conocida: si termina en otro informe archivado, el costo lo pagará —como siempre— el sector privado que sostiene la nómina pública con cada peso que tributa. Que no te lo cuenten.
