Agosto activa la temporada de trámites para quienes perdieron su empleo en Chile. El aparato estatal ofrece tres vías: el Seguro de Cesantía, el Fondo de Cesantía Solidario y el Subsidio de Cesantía. Cada una con sus requisitos, sus ventanillas y su burocracia.
El Seguro de Cesantía es el programa principal. Funciona con los ahorros acumulados en la cuenta individual del trabajador, administrados por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). La afiliación es automática si se cumplen los requisitos mínimos de cotizaciones. Para cobrarlo hay que acreditar la cesantía con finiquito, carta de despido u otro documento equivalente, según detalla ChileAtiende. El pago se gestiona en la Sucursal Virtual de la AFC o de forma presencial en alguna de sus sucursales.
Si el saldo individual se agota, entra en juego el Fondo de Cesantía Solidario. Aquí los requisitos suben: 10 cotizaciones pagadas, con las tres últimas continuas ante el mismo empleador. Además, el trabajador debe activar una cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo para seguir el proceso. Otra ventanilla, otro formulario, otro paso en el laberinto.
Finalmente, el Subsidio de Cesantía está reservado para quienes tuvieron contrato de trabajo anterior a octubre de 2002. Permite acceder a ayuda económica por hasta 360 días y se tramita ante el IPS o la Caja de Compensación que corresponda al trabajador.
Tres programas, tres organismos distintos, tres conjuntos de requisitos. El ciudadano que acaba de perder su trabajo debe navegar ese mapa mientras busca empleo.
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Que no te lo cuenten como generosidad del Estado. El Seguro de Cesantía se financia con cotizaciones del propio trabajador y del empleador, no con magia fiscal. El Fondo Solidario sí incorpora aportes del empleador y del Estado, es decir, del contribuyente. La pregunta que la burocracia nunca responde con claridad es cuánto de cada peso aportado llega efectivamente al desempleado y cuánto se queda en costos administrativos del sistema.
El libre mercado laboral no necesita tres ventanillas paralelas para funcionar: necesita contratos flexibles, costos de despido razonables y un mercado donde contratar no sea una apuesta de alto riesgo. Mientras el aparato estatal siga haciendo más costoso emplear que despedir, los seguros de cesantía serán siempre un parche sobre una herida que la propia regulación mantiene abierta.
