El Senado mexicano abrió mesas de análisis para la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, enviada por la presidenta Sheinbaum. Lo que emergió de esas sesiones no fue un aplauso al proyecto: fue una lista de fallas estructurales que el texto original no resuelve.
La representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Paz López, reconoció aciertos en materia de prevención, pero advirtió que los registros homologados deben señalar con claridad qué instituciones son responsables de cada dato. Sin eso, la información se pierde entre dependencias.
Más directa fue Teresa Hernández Suárez, de la Colectiva Cincuenta Más Uno México: «Cada feminicidio representa una falta sistemática del diseño institucional». Su exigencia es que el Estado deje de ser reactivo y se convierta en protector. Las alertas de violencia de género, dijo, no pueden depender de la voluntad política de los gobiernos locales. Eso no es una ley: es un favor discrecional.
Desde las fiscalías, el diagnóstico fue igual de duro. El Fiscal Especializado de Morelos, Héctor Miguel Ortiz Acosta, señaló que cuando se requieren datos de compañías telefónicas para una investigación, hay que esperar la resolución de un juez federal, y en ese trámite se pueden perder hasta 24 horas críticas. La Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, propuso que la FGR y las fiscalías locales cuenten con unidades especializadas. Hoy, aparentemente, no todas las tienen.
La Fiscal Especial de la FGR, Sayuri Herrera Román, fue al hueso: las sanciones propuestas no corresponden con los parámetros mínimos y máximos del marco jurídico vigente. Una ley con penas mal calibradas es una ley que los abogados defensores desmantelan en el primer recurso.
Las voces más contundentes vinieron de quienes lo vivieron. La activista María Elena Ríos Ortiz exigió que el uso de sustancias tóxicas, explosivos y líquidos en altas temperaturas quede tipificado como feminicidio en grado de tentativa. Minerva Hernández Rodarte, madre de una víctima, pidió que la ley incluya la responsabilidad de quienes encubren a los feminicidas, incluido personal médico. Y Sabrina Jimena Gaucher Troncoso, de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio, exigió que la ley reconozca el principio de presunción de veracidad para las sobrevivientes y prohíba la sobreexigencia de pruebas inmediatas.
El relato oficial presenta esta iniciativa como una conquista. Lo que revelan las mesas es otra cosa: un proyecto con aciertos parciales y vacíos que el aparato estatal lleva años sin querer cerrar. Que hoy se debata en el Senado es necesario. Que haga falta que víctimas y fiscales corrijan lo que los legisladores no vieron es la señal de siempre: la burocracia diseña, la realidad desmiente.
Lo que está en juego no es solo una ley. Es si México construye instituciones que funcionen antes del crimen o sigue administrando el dolor después. Que no te lo cuenten.
