El Senado de Colombia aprobó este miércoles 12 de agosto que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante el año siguiente al fin de su mandato. La votación arrojó 73 votos a favor y 11 en contra.
La Constitución Política establece el llamado «arraigo constitucional»: cualquier exjefe de Estado que quiera abandonar el territorio en ese período debe pedir autorización al Legislativo. Sin ese permiso, la salida se considera «abandono del cargo» y acarrea consecuencias legales.
El pasado lunes 10 de agosto, Petro había enviado una carta al Congreso solicitando el permiso para atender compromisos de «carácter personal, social, político y académico». No especificó destinos ni detalló los motivos. Pidió que el trámite avanzara con prontitud y que se votara «en la sesión más próxima». Las sesiones se habían aplazado por el terremoto que sacudió al país ese mismo lunes.
La proposición finalmente aprobada fue presentada por miembros de la bancada del Centro Democrático —firmada por Espinal, Cadavid y Meissel— como alternativa a la del Pacto Histórico. Establece que Petro debe informar al Senado «con fecha y lugares específicos» cada vez que viaje al exterior.
La oposición no se guardó nada. El senador del Partido Verde Jota Pe Hernández sostuvo que impedir la salida «es un control constitucional» y recordó que el expresidente «tiene múltiples procesos en la Comisión de Acusación». Desde Cambio Radical, el senador Espitia fue más directo: «No salga, dé la cara, enfrétese a la justicia». En la misma línea se pronunció el senador Enrique Gómez de Salvación Nacional.
El senador liberal Hector Olimpo Espinosa defendió el permiso argumentando que «si es por denuncias, ningún expresidente habría podido salir del país».
Este medio también conoció, por fuente enterada, que sectores del Pacto Histórico habrían respaldado al candidato Laverde para la Contraloría —apoyado por cinco partidos— en parte para facilitar precisamente esta salida del país. Según esa versión, ese factor habría incidido en el cambio de postura de la bancada petrista, que inicialmente tenía como candidato a Andrés Castro.
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Que no te lo cuenten. El Senado colombiano acaba de votar para que un expresidente con «múltiples procesos» en la Comisión de Acusación pueda moverse libremente por el mundo, con el único requisito de avisar a dónde va. El arraigo constitucional existe precisamente para que la justicia no persiga fantasmas. Aquí no se discutió la inocencia de Petro: se discutió la conveniencia política de dejarlo ir. Y la mayoría dijo que sí.
La doble vara es evidente: los mismos sectores que durante años exigieron rendición de cuentas a otros expresidentes encontraron razones para flexibilizar el mecanismo cuando el turno llegó al suyo. El principio de igualdad ante la ley no debería tener bancada.
