El Tribunal Constitucional (TC) le cerró el paso al senador Miguel Ángel Calisto. La Primera Sala declaró inadmisible la acción de inaplicabilidad que el legislador independiente había presentado para frenar la investigación que la Fiscalía de Aysén lleva en su contra por fraude al Fisco.
El fallo no fue unánime. Las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez y Alejandra Precht conformaron la mayoría y concluyeron que «el conflicto sometido al conocimiento de esta Magistratura no es, en su núcleo esencial, uno de constitucionalidad concreta del precepto, sino una controversia sobre la interpretación y aplicación del artículo 257 del Código Procesal Penal». En otras palabras: no hay materia constitucional que resolver, solo un debate legal ordinario. Los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery votaron en contra y consideraban que el pleno debía conocer el asunto.
La consecuencia es inmediata. Al caerse la acción en la fase de admisibilidad, el TC levantó la suspensión del proceso penal ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique. El 17 de agosto, el juez de garantía Mario Devaud ya había alzado formalmente esa suspensión, despejando el camino al fiscal regional Hernán Libedinsky.
¿De qué se acusa a Calisto? Según el Ministerio Público, el senador habría pagado de manera simulada a su exasesora Carla Graf cuando era diputado, por un trabajo que nunca realizó. La Fiscalía sostiene que el esquema funcionaba como una caja pagadora: el dinero público salía como honorarios y luego regresaba a los bolsillos de Calisto. La acusación ya fue presentada en una etapa anterior y el Ministerio Público pidió más de 12 años de cárcel. Sin embargo, pugnas procesales obligaron a reabrir la investigación y decretar diligencias adicionales solicitadas por las defensas.
Ahora el proceso retoma su curso. Calisto cambió de defensa: ya no lo representa César Ramos sino el estudio encabezado por el penalista Nelson Salas. El siguiente paso, según la información disponible, es que el Ministerio Público vuelva a cerrar la investigación, presente de nuevo la acusación y reactive el desafuero, que deberá ser resuelto por el pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Que no te lo cuenten. Un senador en ejercicio intentó usar el Tribunal Constitucional no para debatir un principio jurídico de fondo, sino para congelar una causa penal que lo tiene con más de doce años de cárcel solicitados. La maniobra funcionó un tiempo: la causa estuvo suspendida mientras el TC analizaba la admisibilidad. Ahora que el recurso cayó, el aparato estatal que debería haber actuado antes puede, por fin, seguir adelante.
El dinero en cuestión es público. Salió de los contribuyentes, pasó por la nómina de una asesora que según la Fiscalía nunca trabajó, y habría vuelto al bolsillo del legislador. Si los hechos que documenta el Ministerio Público se confirman en juicio, no estamos ante un error administrativo: estamos ante la casta política usando el erario como caja chica. El relato de la inmunidad institucional acaba de perder una batalla.
