El petrismo quería a Cielo Rusinque en el Consejo Nacional Electoral. El obstáculo llegó desde adentro.
Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre, envió un oficio a la Presidencia del Senado. El objetivo: frenar la elección de Rusinque como magistrada del CNE. La razón: existe una denuncia penal formal que la propia Rodríguez presentó ante la Fiscalía General de la Nación.
Los delitos denunciados son graves. Injuria agravada, calumnia agravada, falsedad personal mediante uso de inteligencia artificial, concierto para delinquir y hechos de violencia contra la mujer en entornos digitales. Así lo detalla el documento enviado al Senado.
Rodríguez no pidió una condena anticipada. Fue explícita en eso. Pero sí exigió que la investigación avance. «Esos principios no pueden convertirse en una excusa para que el país no conozca la verdad», escribió sobre la presunción de inocencia y el debido proceso.
Su carta apunta más lejos que Rusinque. Rodríguez preguntó «hasta dónde llegó la degradación institucional» durante el gobierno de Gustavo Petro. Cuestionó si desde posiciones de poder «se desviaron los ideales políticos y los deberes propios de la función pública con el propósito de congraciarse con una persona».
Sobre la posible elección de Rusinque, fue directa: «Considero profundamente revictimizante que una persona sobre quien recaen estos graves señalamientos pueda llegar a una de las máximas autoridades electorales mientras los hechos continúan pendientes de esclarecimiento».
También le pidió a la Fiscalía actuar con «celeridad, independencia y rigor». Y recordó que Petro ya no ejerce la Presidencia. Espera, según sus palabras, que las investigaciones avancen «sin ninguna interferencia o consideración de poder político pasado».
Al Congreso le lanzó una advertencia clara. Ignorar los hechos, dijo, podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento político.
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Esto es lo que ocurre cuando el aparato se fractura desde dentro. El Pacto Histórico intentó colocar a una exfuncionaria propia en el máximo órgano electoral del país. Una exaliada lo denunció públicamente, con nombre, apellido y expediente en la Fiscalía.
La pregunta no es solo si Rusinque debe o no ser magistrada. La pregunta es qué tan profunda fue la degradación institucional que Rodríguez describe. El relato del «gobierno del cambio» se sigue cayendo solo. Y esta vez, el testimonio viene de alguien que estuvo adentro.
