Gustavo Petro salió a reclamar crédito. Tras la visita del presidente Abelardo de la Espriella al buque hospital Benkos Biohó en Buenaventura —en el marco de la atención a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto—, el expresidente afirmó en X que la embarcación fue puesta en marcha durante su administración «con personal médico completo» y que el nuevo gobierno tardó días en activarla porque «no sabía de la existencia del buque».
El relato se cayó solo.
El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, respondió de frente: «Petro miente. Si el buque hospital Benkos Biohó no estaba operando, es porque su gobierno asignó la responsabilidad de operarlo a un hospital intervenido y sin caja». La acusación no es retórica: Forero citó en sesión plenaria del Congreso las palabras de la actual ministra de Salud, Ana María Vesga, quien señaló que el exministro Jaramillo asignó la administración del buque a un hospital público intervenido desde hace cuatro años que, según Forero, «ni siquiera estaba en condiciones de pagarle los salarios a sus trabajadores».
La burocracia del petrismo no solo dejó el barco amarrado: lo ató a una entidad sin caja y sin capacidad operativa. Resultado previsible, según el legislador: «Obviamente, no iba a tener recursos para poder operar el barco».
Pero el escándalo no termina en el Pacífico. Forero extendió el debate al Amazonas, donde existe otro buque hospital cuya historia, según el senador, involucra a la esposa del exministro Jaramillo en calidad de delegada de la Superintendencia. «Lo mismo pasa en Leticia», afirmó, y pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue a Jaramillo y a su esposa: «Son unos irresponsables».
Las cifras que citó Forero son difíciles de ignorar. Según el congresista, el buque hospital para la Amazonía podría acumular un sobrecosto de 60.000 millones de pesos. Solo el traslado desde Cartagena a Leticia cuesta 12.000 millones de pesos. Para dimensionar el dato, Forero recordó que Brasil construyó una embarcación similar, también con fines de salud, por cerca de 12.000 millones de pesos —aproximadamente seis meses antes de que Colombia firmara la construcción del suyo—. «Solo el traslado cuesta lo que nos ha podido costar en Brasil. Es una vergüenza», sentenció.
Aquí está el patrón del petrismo en materia de salud pública: dinero de los contribuyentes asignado a entidades quebradas, contratos con presuntos sobrecostos y exfuncionarios con familiares en posiciones clave de supervisión. Mientras el aparato estatal fallaba, las víctimas del terremoto esperaban atención médica. Que Petro salga ahora a reclamar la paternidad del buque no es solo hipocresía: es la doble vara de siempre. El Congreso tiene la palabra; la Procuraduría, la obligación.
