La Moneda no tiene los números. El gobierno del presidente Kast reconoció este lunes que su reforma constitucional en seguridad no cuenta con los votos para aprobar la idea de legislar. Ni en el Senado —donde necesita 29 respaldos— ni en la Cámara, donde requiere 89. Eso es un problema grave. Y es un problema propio.
La semana pasada el proyecto entró al Congreso. Esta semana ya está en el quirófano. El ministro de Interior, Alvarado, confirmó que se cambiará la suma urgencia del proyecto, cuyo plazo vence el lunes 31 de agosto. El objetivo es ganar tiempo. Tiempo para escuchar, para modificar, para amarrar votos que hoy no están.
Los cuestionamientos no vinieron de la oposición. Vinieron de adentro. El senador Cruz-Coke, presidente de Evópoli, dijo el domingo que la reforma «raya en lo iliberal». Balladares, de Renovación Nacional, apuntó directamente al ministro Alvarado: podría haber minimizado los riesgos con trabajo prelegislativo. Eso es un reproche en voz alta. Desde la coalición de gobierno.
El punto más polémico es el nuevo estado de excepción constitucional. La reforma original permitía al presidente extenderlo hasta 240 días sin consultar al Congreso. Esa cifra generó alarma inmediata. Ahora el Ejecutivo transmite que la extensión podría reducirse a 30 días, en línea con los estados de excepción vigentes. También están en revisión las inhabilidades en derechos sociales para condenados por terrorismo y crimen organizado, y el registro de organizaciones criminales.
Este lunes se reunieron en La Moneda los ministros Alvarado, García y Arrau con los presidentes de los partidos oficialistas. Squella por el Partido Republicano, Balladares por Renovación Nacional, Ramírez por la UDI y Cornejo por Evópoli. Cruz-Coke no asistió: estaba fuera del país. A la salida, Ramírez fue directo: «el proyecto que entró no será igual al que sale».
Kast rechazó el calificativo de «iliberal». «Si fuera iliberal, no estaría aquí», dijo en Radio Infinita. Alvarado lo respaldó. Pero la frase ya circula. Y en política, la narrativa que se instala primero suele ser la que queda.
Que no te lo cuenten. Un gobierno que ingresa una reforma constitucional sin los votos asegurados, sin trabajo prelegislativo y con sus propios aliados disparando en público no está mostrando fortaleza. Está mostrando urgencia mal administrada. El principio en juego es legítimo: el Estado necesita herramientas reales para perseguir el crimen organizado. Pero las herramientas mal diseñadas no solo fallan en el Congreso. Fallan después, cuando alguien las usa mal. La burocracia siempre encuentra la forma. El oficialismo chileno tiene una semana para demostrar que aprendió la lección antes de que el relato se caiga solo.
