La presidenta del Senado, Paulina Núñez de Renovación Nacional, fue directa. El nuevo estado de excepción constitucional que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast no tiene los votos. Ni siquiera los del oficialismo.
La reforma constitucional en materia de seguridad pública ingresó al Parlamento con una medida central: desplegar a las Fuerzas Armadas en barrios críticos, bajo la dirección de Carabineros. El objetivo declarado es combatir el crimen organizado. Nadie discute el diagnóstico. El problema es la herramienta.
Núñez fue explícita: «Un quinto estado de excepción constitucional no es necesario». Y fue más lejos. Llamó al Ejecutivo a retirar la iniciativa antes de que la derrota quede en actas. «Vamos a tener una discusión que no va a contar, en este punto, con los votos ni siquiera del propio oficialismo», advirtió.
El Presidente Kast respondió que el proyecto «se puede perfeccionar» y que está abierto a modificaciones. No alcanzó para calmar a sus propios parlamentarios.
La senadora apuntó al ministro Arrau como responsable del quiebre. La razón: no socializó la iniciativa antes de ingresarla. «Lo que no puede ocurrir es que alguien presente una iniciativa sin haberla socializado», dijo. Socializar no es informar. Es escuchar. Esa distinción, al parecer, no llegó al Ejecutivo a tiempo.
Núñez fue clara también sobre el rol del Congreso. Los parlamentarios no están obligados a alinearse detrás de cualquier idea del gobierno. «Es el Ejecutivo el que tiene que decir: tengo un programa, tengo un objetivo», afirmó. La lealtad tiene límites. El límite es la mala política.
Ahora bien: Núñez no rechaza la reforma constitucional en su totalidad. Sí exige que el Estado asuma la seguridad pública como deber permanente. No como decisión discrecional de cada gobierno de turno. Eso, dice, sí merece votos.
Aquí el problema de fondo no es solo táctico. Es de método. Un gobierno que llega al poder con una agenda de orden y libre empresa necesita al Congreso. No puede darse el lujo de quemar capital político en iniciativas mal construidas. El crimen organizado avanza. La burocracia interna del oficialismo también. Cada derrota legislativa evitable es oxígeno para quienes prefieren que no pase nada.
El relato se cayó solo. No lo tumbó la oposición. Lo tumbaron los aliados. Esa es la señal que el Ejecutivo debería leer con urgencia.
