El senador del Centro Democrático Óscar Villamizar logró que la Comisión Quinta del Senado aprobara un debate de control político. El objetivo: obligar al Gobierno a explicar el hurto masivo de hidrocarburos en Colombia.
La cifra que puso sobre la mesa es contundente. Según Villamizar, más de seis millones de barriles de hidrocarburos habrían sido hurtados entre 2019 y 2025. El incremento, advirtió, se registra desde 2022. Es decir, durante la administración Petro.
No es solo dinero. El senador también documentó más de mil conexiones ilícitas anuales en la infraestructura de transporte de hidrocarburos. Eso compromete la seguridad energética, el medioambiente y la seguridad nacional. Tres frentes al mismo tiempo.
Villamizar citó a cinco entidades al debate: el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y la Unidad de Información y Análisis Financiero. También pidió establecer cuánto le ha costado al Estado reparar los daños a la infraestructura de Cenit. El contribuyente colombiano tiene derecho a saberlo.
El congresista cuestionó además la actuación del Gobierno frente a los grupos ilegales vinculados al robo. La pregunta que flota en el aire es directa: ¿qué hizo el aparato estatal mientras la infraestructura energética del país era perforada más de mil veces al año?
Que no te lo cuenten. Mientras el petrismo construía su relato de soberanía energética y transición verde, el crudo desaparecía por miles de conexiones clandestinas. Seis millones de barriles no se evaporan solos. Se roban. Y se roban con mayor facilidad cuando el Estado mira hacia otro lado o negocia con quienes deberían estar presos.
El debate de control político es una herramienta legítima. Pero su valor real depende de lo que el Gobierno esté dispuesto a responder. La burocracia tiene un talento especial para comparecer sin decir nada. Villamizar ya tiene las preguntas. Colombia espera las respuestas.
