Rubén Rocha Moya retomó este viernes la gobernatura de Sinaloa. Lo hizo con un mensaje en X. «Hoy regreso con la frente limpia y en alto», escribió.
Llevaba 112 días de licencia. Salió el 1 de mayo. Durante ese tiempo compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR). El resultado: la FGR determinó que «no existen los mínimos elementos de prueba» que lo vinculen con conducta penal alguna.
El problema es lo que dice la otra orilla.
A finales de abril, el Departamento de Estado de EEUU señaló a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de su gobierno. La acusación, difundida el 29 de abril, los ubica en una «conspiración» con líderes del Cartel de Sinaloa. Específicamente con la facción de «Los Chapitos». El trato, según Washington: protección a las operaciones del cartel a cambio de apoyo político y sobornos millonarios. Las drogas mencionadas son fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
Entre los otros señalados aparecen el senador oficialista Enrique Inzunza y los exsecretarios Gerardo Mérida y Enrique Díaz, de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, respectivamente.
Rocha Moya calificó los señalamientos de «falsos». Los atribuyó a «motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera». Reafirmó su pertenencia a la Cuarta Transformación. Y respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum como defensora de la soberanía frente a «intereses extranjeros».
El relato oficial tiene una arquitectura conocida: la acusación exterior es injerencia; la absolución doméstica es prueba de inocencia. Que la FGR —aparato del mismo oficialismo al que pertenece el gobernador— sea el árbitro de su propia causa no parece incomodar a nadie en Palacio Nacional.
Mientras tanto, el fentanilo sigue cruzando la frontera. Las familias estadounidenses lo pagan con vidas. Y en Sinaloa, el gobernador regresa al escritorio con «la fuerza de la verdad» de su lado. Qué conveniente. Que no te lo cuenten.
