El senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli y parlamentario oficialista, salió a cuestionar públicamente la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por su propio gobierno. Lo hizo en Radio Duna, sin anestesia.
«Le otorga al Presidente de la República una cantidad de atribuciones que la verdad que yo creo que lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de Derecho», afirmó Cruz-Coke. El blanco directo: el nuevo estado de excepción que contempla la iniciativa.
El senador no se quedó en la crítica abstracta. Reveló que consultó al senador García Ruminot sobre el trabajo prelegislativo y que este le confirmó que el proyecto «lamentablemente no había pasado tampoco por Segpres». En otras palabras: la reforma la vio, al parecer, solo el Ministerio de Seguridad, sin coordinación con la Secretaría General de la Presidencia ni con los parlamentarios aliados.
«Acá lo que ha faltado ha sido diálogo», resumió Cruz-Coke. Y fue más lejos: «No puede ser que en una agenda que es muy propia del Gobierno y que todos estamos dispuestos a apoyar, no nos pongamos de acuerdo porque las reformas constitucionales que se están enviando no están hechas con la discusión anterior que han debido tener».
El diagnóstico aritmético es demoledor. Cruz-Coke advirtió que el oficialismo «no está juntando ni siquiera los 26 propios cuando necesitas 29» para sacar adelante una reforma constitucional. El Gobierno, en síntesis, envió al Congreso un proyecto que no tiene los votos ni en su propia bancada.
Para Cruz-Coke, la agenda de seguridad puede avanzar con la Constitución y la legislación vigentes, con «ajustes» puntuales. El cambio constitucional de gran calado, tal como está planteado, «le está poniendo el sistema cuesta arriba al Gobierno con los propios, y es un absurdo». También citó reparos de constitucionalistas que consideran la propuesta excesiva en su alcance.
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Que no te lo cuenten. Un gobierno que lleva meses vendiendo la seguridad como su gran bandera electoral acaba de recibir el golpe más duro de parte de sus propios aliados. No de la oposición: de adentro.
El problema de fondo no es solo de forma ni de agenda legislativa mal coordinada. Es de sustancia: concentrar atribuciones extraordinarias en el Ejecutivo sin los contrapesos adecuados es exactamente el tipo de expansión del aparato estatal que debería alarmar a cualquiera que valore el Estado de Derecho. Cruz-Coke lo dijo con claridad: hay que pensar cómo esas facultades quedarían en manos del peor adversario político. Esa es la pregunta correcta. Y el Gobierno, por ahora, no tiene respuesta.
