La senadora de Morena Ana Lilia Rivera aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador «está en riesgo» ante una supuesta intención de sectores de Estados Unidos de atentar contra su vida. La declaración circuló esta semana y encendió el debate político — aunque la propia fuente que la reporta advierte que no existen pruebas públicas que la respalden.
«Que Andrés Manuel López Obrador les ha ganado las elecciones. No lo pueden dejar vivo», afirmó Rivera según la fuente. La legisladora sostuvo que la permanencia del expresidente representa un factor de movilización para sectores sociales de México y América Latina, y que por eso existirían actores que buscarían eliminarlo «políticamente e incluso físicamente».
Hasta ahí el drama. Porque Rivera no identificó públicamente a ninguna autoridad, agencia, funcionario ni grupo específico de Estados Unidos. Tampoco presentó documentos, investigaciones oficiales ni ningún elemento verificable que acredite la existencia de semejante plan. La acusación, en sus propios términos, permanece — según la fuente — «en el terreno de la declaración política».
El contexto importa. Las declaraciones ocurren en un momento de fricciones entre México y Washington por desacuerdos en seguridad, narcotráfico y migración, y en medio de señalamientos que involucran a personas cercanas al exmandatario, incluidos sus hijos. Rivera cuestionó esos señalamientos y sostuvo que carecerían de elementos probatorios — aunque tampoco aportó argumentos para refutarlos.
La senadora tlaxcalteca tiene una trayectoria política ligada al obradorismo desde sus años de oposición. Respaldó reformas de la llamada Cuarta Transformación y, tras la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, sostuvo que el movimiento debía preservar los principios que dieron origen a Morena.
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Que no te lo cuenten. Lo que Rivera hizo no es una denuncia: es una maniobra de distracción clásica del aparato oficialista. Cuando las investigaciones aprietan — y los señalamientos contra el entorno de López Obrador se multiplican — la respuesta del relato es siempre la misma: convertir al acusado en víctima y al acusador en conspirador imperial.
El problema es que esta vez ni siquiera se molestaron en construir el andamiaje mínimo. Sin nombre, sin agencia, sin documento. Pura retórica para consumo interno. Mientras tanto, las preguntas que sí tienen sustento — sobre vínculos, sobre dinero, sobre impunidad — siguen esperando respuesta. Esa es la doble vara del obradorismo: exigen pruebas para todo lo que los incomoda y lanzan acusaciones sin ninguna para lo que les conviene.
