El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el 10 de agosto. La medida reduce a 11 las vacunas consideradas esenciales para todos los niños en Estados Unidos. También propone separar la vacuna MMR —que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis— en tres inmunizaciones distintas. Y plantea administrar otras vacunas en visitas médicas separadas.
La administración Trump defendió el cambio como una forma de ofrecer protección «de referencia». Argumentó que acerca las recomendaciones estadounidenses a las de otros países desarrollados. La decisión llegó acompañada de afirmaciones sobre una posible relación entre vacunas y autismo.
La evidencia científica disponible no respalda esa relación causal. Organizaciones médicas y expertos señalaron que las modificaciones no están sustentadas en nueva evidencia. Nadie ha demostrado que espaciar las vacunas sea más seguro o más eficaz.
El infectólogo pediátrico Sáez-Llorens fue directo. Calificó la decisión como «nefasta para la salud infantil, basada más en ideología que en ciencia». Sostuvo que la hipótesis del autismo ha sido refutada por estudios epidemiológicos de gran tamaño. Advirtió que separar la MMR en tres consultas aumenta las posibilidades de que alguna cita no se concrete. Pérdida de citas, problemas de transporte, ausentismo laboral de los padres: todo eso puede traducirse en menor cobertura.
El epidemiólogo Carrera tomó una postura más matizada. Planteó que los esquemas deben revisarse periódicamente con base en evidencia científica. Subrayó que cualquier modificación debe evaluarse mediante indicadores epidemiológicos.
Panamá no cambia nada. El Ministerio de Salud mantiene su Esquema Nacional de Inmunización intacto. La jefa del Programa Ampliado de Inmunización, Hewitt, lo dijo en marzo y lo repitió ahora: «Nosotros no vamos a cambiar nuestro esquema porque cada país es soberano en sus acciones de salud pública». El PAI cuenta con unas 20 vacunas que protegen contra enfermedades específicas. El esquema está respaldado por la Ley No. 48 del 5 de diciembre de 2007.
Cabe aclarar que la orden federal tampoco obliga a los estados estadounidenses. Cada estado mantiene competencias sobre sus políticas de vacunación y los requisitos para la asistencia escolar.
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Que no te lo cuenten. El debate de fondo no es sobre vacunas: es sobre quién decide en salud pública y con qué criterio. Panamá invocó soberanía nacional. Eso es exactamente lo correcto. Las políticas sanitarias deben responder a la realidad epidemiológica de cada país, no a las turbulencias políticas de Washington.
Lo que sí merece atención es el argumento de fondo de la administración Trump: el ciudadano debe poder elegir, y el Estado no debería imponer calendarios sin debate. Ese principio tiene valor. El problema es que aquí el cambio no llegó acompañado de nueva evidencia científica. Llegó acompañado de afirmaciones sobre el autismo que la ciencia ya descartó. Libre mercado, gobierno limitado, sí. Pero la soberanía individual no se defiende con datos falsos.
