Cinco sillas vacías. Eso dejó el Gobierno de Sánchez en el Senado cuando sus ministros de Interior, Exteriores y Defensa fueron convocados a dar explicaciones por la crisis de Ceuta. El PP respondió este miércoles anunciando cinco solicitudes de reprobación para el primer pleno de septiembre.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue directa: los ministros no faltaron por agenda, faltaron porque el Senado es la cámara donde el PP tiene mayoría. «Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla», dijo. Lo llaman gestión. En Contrafuego lo llamamos por su nombre: control de daños disfrazado de transparencia.
Las reprobaciones apuntan a perfiles concretos con cargos concretos. A Fernando Grande-Marlaska, por no haber reforzado la frontera «pese a los avisos de lo que iba a ocurrir» antes de la entrada masiva del 30 de julio. A José Manuel Albares, porque aún no ha explicado qué negoció con Marruecos. A Margarita Robles, porque rectificó su intención de comparecer «por órdenes de Moncloa», según García.
A esos tres se suman las titulares de Sanidad e Igualdad. Mónica García, por el «colapso sanitario» en Ceuta. Y Ana Redondo, porque, según la portavoz del PP, «no ha pisado Ceuta» mientras las agresiones sexuales se multiplican: en dos semanas se incoaron nueve diligencias previas cuando la media es de dos al mes.
García calificó la ausencia de los tres primeros ministros de «rebeldía democrática» y «desacato parlamentario». La entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio, añadió, supuso «un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España». Mientras tanto, según sus palabras, Pedro Sánchez «sigue tumbado en la hamaca, de vacaciones».
Las votaciones están previstas para el miércoles 9 de septiembre. No será la primera vez: en esta legislatura ya fueron reprobados en el pleno del Senado Albares, Marlaska y Redondo, además de cuatro veces Óscar Puente y una Félix Bolaños, María Jesús Montero, Sara Aagesen e Isabel Rodríguez, más Ernest Urtasun en comisión.
El relato se cayó solo. Un gobierno que se vende como garante de derechos y soberanía manda ministros a esconderse del único foro donde no controla la mayoría. La reprobación no tiene fuerza ejecutiva, pero tiene fuerza política: deja en acta que el aparato estatal prefirió el silencio a la rendición de cuentas. Eso, en una democracia que funciona, debería costar más que un titular incómodo.
