Un psicólogo iraní de 32 años lleva semanas preso por un video de dos minutos. Su crimen: pedirle a Donald Trump que cumpliera su promesa de apoyar a los manifestantes iraníes.
Seyed Ahmad Seyedabdollahi publicó ese video el 4 de enero. Habló en inglés, directo a Trump. Le dijo que los jóvenes iraníes confiaban en sus palabras. Le advirtió que «muchas cosas son inútiles para quienes ya están muertos».
Diez días después, agentes de civil llegaron a la casa de su padre en Borujen. Se llevaron teléfonos y equipos electrónicos. Se lo llevaron a él también.
Lo mantuvieron en confinamiento solitario. Pasó tiempo en una instalación de detención de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Isfahan. Según un familiar que habló con Fox News Digital, estuvo 17 días sin contacto con su familia. Tampoco pudo elegir abogado.
Salió bajo fianza en marzo. No duró mucho. El Tribunal Revolucionario de Borujen lo condenó por «participar en actividades mediáticas contra la seguridad nacional». Siete meses de prisión. Cinco años de inhabilitación para ejercer empleos públicos o de gobierno. El 7 de julio lo volvieron a detener para cumplir la condena. Hoy sigue en la prisión de Borujen.
Pero la condena no fue lo único que el régimen quería de él. Según el familiar, las autoridades lo presionaron para que grabara un segundo video. Uno muy distinto al primero. «Le pidieron que insultara sexualmente a Trump y que hiciera quedar a los estadounidenses como estúpidos e ignorantes, para poder difundir el clip en los medios nacionales», relató el familiar a Fox News Digital.
Seyedabdollahi se negó. Sigue negándose. Y sigue pagando el precio.
Los interrogadores lo acusaron de ser miembro de la CIA y el Mossad. Dijeron que recibió dinero por hacer el video. Fox News Digital no pudo verificar de forma independiente el relato del familiar sobre el trato recibido en custodia.
El contexto es brutal. La agencia Human Rights Activists News Agency informó en febrero que más de 50.000 personas fueron arrestadas en las seis semanas posteriores al inicio de las protestas. El jefe de derechos humanos de la ONU, Türk, señaló en agosto que al menos 56 personas habían sido ejecutadas por cargos relacionados con seguridad nacional desde el 19 de marzo. Veintisiete de esos casos están vinculados a las protestas de enero.
El relato se cayó solo. El régimen que se presenta como defensor del pueblo exige a sus presos que humillen a líderes extranjeros en cámara. Cuando se niegan, los meten en celdas de aislamiento «bajo distintos pretextos», según el familiar. Eso no es justicia. Es propaganda con rejas.
Seyedabdollahi no era un agente. Era un psicólogo con seguidores jóvenes que creyó que valía la pena hablar. El aparato de seguridad iraní le demostró lo que le cuesta esa creencia. Su caso es el espejo exacto de lo que el régimen teme: un ciudadano común que le habla al mundo sin pedir permiso.
